El Gobierno de Rajoy quiere blindar las calles, endurecer las leyes, encarcelar a los revoltosos y criminalizar a los que protesten. Nadie defiende –al menos yo no lo hago– las algaradas violentas. No debería ser necesario endurecer la legislación para castigar a esos pocos que las protagonizan, sean forofos del fútbol o antisistemas. Son delitos que ya están penados. Pero los planes del Gobierno utilizan los anecdóticos actos vandálicos como coartada para poner sordina al legítimo cabreo de la ciudadanía. Convertir protestas pacíficas en atentados contra la autoridad castigados con cárcel es una vulneración de los derechos civiles, un grave abuso que debería hacer saltar las alarmas entre aquellos que dicen defender la Carta Magna.
De entre todos los porrazos al Código Penal que ayer anunció el Ejecutivo destacan dos disparates. El primero, que la resistencia pasiva sea considerada como un atentado a la autoridad castigado con la cárcel. Reducido al oxímoron, atentado pasivo: dícese del ejercicio pacífico del derecho constitucional a la reunión y a la manifestación sin esperar a la bendición del delegado del Gobierno –algo a lo que la legislación no obliga–.
El segundo disparate: que la simple convocatoria por Internet vaya a estar penada por cárcel y se convierta en un delito de “integración en organización criminal”. En la práctica, convierte en un delito la difusión por la red de cualquier manifestación que no esté previamente autorizada. ¿Da igual que la convocatoria sea pacífica? Si alguien difunde la manifestación y después un vándalo hace el idiota, ¿la cárcel es para ambos?
Es obvio que el Gobierno no está esperando a cambiar la ley para aplicar la política de mano dura, que forma parte de una estrategia muy estudiada contra el 15-M y otros movimientos de protesta. Las reformas que prepara el Gobierno coinciden de pleno con las instrucciones que ya está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Tras la huelga general, los fiscales pidieron prisión provisional contra el actor Willy Toledo y contra dos manifestantes de Barcelona. Toledo cayó en manos de un juez sensato y quedó libre, ni siquiera había pruebas ni indicios sólidos. Los dos detenidos de Barcelona están acusados de actos vandálicos pero aún no han sido juzgados. Sin embargo, ya están en la cárcel (y Jaume Matas, en la calle).
Que en España no hay una democracia para mí es un hecho (ni en ningún otro país del orbe planetario dicho sea de paso). Creo que es evidente que el sistema de organización del estado que sufrimos es una perfecta plutocracia de libro, y como tal, un tipo de dictadura. Pero el artículo de hoy no va de esto, tema que dejo para otro día porque, francamente, no hay cosa que me hastíe más que explicar obviedades que contradicen al pensamiento único.
El artículo va sobre la Reforma del Código Penal que prepara el gobierno. Creo que este gobierno va a pasar a la historia de España, no sólo por ser el más mentiroso y felón (¿¿¿23% de desempleo, España al borde de la quiebra y esta gente no tiene ni un puto plan nacional a la altura de tan gravísimas circunstancias???), sino por iniciar un camino que tiene muy mala salida: el de la represión ante el más que previsible aumento de la conflictividad social.
Por lo que se sabe hasta ahora, esta reforma va a contemplar:
- la consideración como delito de pertenencia a organización criminal “las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación”. La pena mínima por convocar algaradas por Internet será de dos años,
- incluir también como “delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos, ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público”,
- y la joya de la corona: incluir como “delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad” e introducir entre las “modalidades de acometimiento” (ataque violento dirigido contra un policía) las “amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.”
Yo no soy licenciado en derecho, pero me pregunto ¿es que actualmente no es delito alterar gravemente el orden público, producir daños o alterar un servicio público o lanzar un botellazo a la policía?… ummmm, mira que me extraña. Y si he interpretado bien lo que ha dicho el ministro Jorge Fernández Díaz, podrá ser delito: postear en mi blog una convocatoria para cortar una importante calle de Madrid (¿eso es alterar gravemente el orden público no?), gruñirle a un policía en una manifestación y decirle “que me he quedao con tu cara tronco” (comportamiento intimidatorio y amenaza a un policía), encadenarme para protestar contra una reforma como esta en las escaleras de entrada del Ministerio del Interior (obstaculizar el acceso a un establecimiento público) o simplemente sentarme con una pancarta donde sea para protestar por lo que sea y negarme pacíficamente a abandonar el lugar a instancias de la autoridad.
Lo que está detrás de esta reforma es equiparar al que cometa estos hechos a un criminal ante los ojos de la sociedad (la palabra terrorista no tardará en llegar, y si no al tiempo). O lo que es lo mismo, cambiar el panorama zoológico de la protesta social: paseremos de Perroflautis antisistemis a Criminalis callejerus. Y lo que ya es repugnante, impedir cualquier tipo de manifestación pacífica o resistencia pasiva instaurando un estado policial en la calle y en la red. La falta de ideas, de visión de estado y de coraje frente a Planeta SA de este gobierno, es tan evidente hasta para ellos mismos, que ya se están adelantando a los acontecimientos por la vía más autoritaria en previsión del aumento imparable del descontento en las calles.
Teniendo en cuenta la vileza de la policía a la hora de reventar manifestaciones con esos abyectos agentes infiltrados que ya muchos conocemos gracias a youtube, mucho me temo que ni el pacifismo más abnegado soportará la situación explosiva que se prepara… ¡ah! ¡torpe de mí! ¡si olvidaba que el pacifismo y la resistencia pasiva también serán delito! Ya ni estrategias para reventar manifestaciones necesitaran.
Unos meses de gobierno, y ya empezamos a entrar en una deriva autoritaria peligrosa e incierta. Lo malo, es que todo el mundo sabe como empiezan estas cosas, pero nadie sabe como acaban… al final, algo gordo va a pasar. Lo que es seguro es que como perdamos la calle, apaga y vámonos. Y yo que pensaba darle un añito de margen de confianza a Mariano.
PD: Juanete, tenías razón, al PP le gustan demasiado las porras.
fuentes:
http://nosinmibici.com/2012/04/12/al-final-algo-gordo-va-a-pasar/
http://www.escolar.net/MT/archives/2012/04/mano-dura-protestas.html
