Según se deduce de los capítulos que incluye en ACTA y tal y como se han venido desarrollando en las distintas rondas de negociación, podemos determinar cuáles serían las medidas principales que pretende adoptar:
- Los ISP (Proveedores de Servicio de Internet) serían los responsables del contenido protegido por la legislación de Propiedad Intelectual que transita por sus redes. Como resultado tendrían que invertir en infraestructura para monitorizar el seguimiento de los usuarios en este sentido, y si no fuese capaz de proveer esta infraestructua tendría que implementar la conocida ley de los tres avisos.
- La ley de los tres avisos conseguiría que un usuario acusado de violación a la propiedad intelectual en tres ocasiones sería desconectado del servicio de internet, multado y con posibilidad de cumplir sentencia de prisión.
- Por su parte, aquel propietario del contenido protegido no tiene que dar evidencia o probar que un usuario ha utilizado su contenido, basta con hacer tres acusaciones.
- El ISP tiene que denunciar a los usuarios, ya que toda la responsabilidad cae sobre ellos y tendrán que vigilar toda la actividad de sus usuarios, violando así el derecho a la privacidad y en claro conflicto con las legislaciones nacionales de privacidad de datos.
Reformas legislativas
Para aplacar los ánimos, algunas respuestas de los responsables de países participantes van encaminadas a afirmar que ACTA no conllevaría grandes cambios internos en las legislaciones y que no cambiaría las normas existentes, pero lo verdaderamente cierto es que según sus propuestas, las reformas legislativas serían completamente necesarias. Y llevaría a los países que ratifiquen el tratado a llevar a cabo estas medidas que de ninguna otra forma podrían ejecutarse.
Estas reformas serán de mayor o menor calado dependiendo de cada país. Los que menos legislación contienen en el campo de la propiedad intelectual y la privacidad de datos tendrían que añadir nuevas leyes. Por contra, los países con estas legislaciones en vigor, deben reformarlas para cumplir con el tratado.
Además, como señala Michael Geist (profesor de derecho en la Universidad de Otawa) el resto de Estados que no forman parte actualmente de ACTA, se enfrentarán a una fuerte presión para aplicarla. Y por otra parte, resultaría extraño que un tratado contra la falsificación (según se estableció en su origen) no tuviera participación de los países más frecuentemente identificados como fuentes u objetivos de falsificaciones.
¿Nos deberíamos preocupar?
Como bien recoge David Hammerstein, ex eurodiputado y miembro de las instituciones europeas para el Diálogo Transatlántico de Consumidores, hay razones más que suficientes para mantener una preocupación sobre el futuro acuerdo ACTA.
- Peter Hustinx, Supervisor Europeo para la Protección de Datos:
La propiedad intelectual debe ser protegida, pero no debe estar por encima de los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos.
- Stravros Lambrinidis, miembro del Parlamento Europeo:
ACTA es el blanqueo de legislación a nivel internacional, algo que sería muy difícil de conseguir mediante la mayoría de los parlamentos nacionales.
- Alexander Alvaro miembro del Parlamento Europeo:
Dar responsabilidad a terceros como son las empresas de servidores de Internet es como hacer que la oficina de correos sea responsable de lo que está escrito dentro de las cartas que se envían.
- Reporteros Sin Fronteras, Premio Sajarov del Parlamento Europeo:
Es extremadamente lamentable que el debate democrático haya sido eliminado de las conversaciones de ACTA, lo que podría tener un impacto importante sobre el derecho fundamental a la libertad expresión.
Sobre las pretensiones de ACTA
Con todo lo expuesto y como muchos usuarios de Internet han manifestado, parece claro que las auténticas pretensiones de ACTA son la de generar un marco legal, de carácter internacional, para poner freno a la libertad y controlar el uso de Internet, al margen de las instituciones internacionales destinadas a ello como la OMC (Organización Mundial del Comercio) o la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
Por tanto ACTA, que supone un acuerdo amplio pero especialmente definido en cuanto a la distribución en Internet y las tecnologías de la información, afecta a todos, no sólo a los ciudadanos digitales. Y especialmente, se pueden ver perjudicados quienes comparten contenidos por P2P, quienes realicen remezclas a partir de contenidos obtenidos de la web o quienes hagan periodismo ciudadano desde un blog recogiendo contenidos de los medios, por poner sólo algunos ejemplos representativos.
Asimismo, de ponerse en marcha, también afectará a la libertad de expresión, al quedar muchos usuarios expuestos a la eliminación de sus cuentas o servicios en la red. Y las empresas proveedoras de conexión tendrán una función policial con la obligación de un permanente monitoreo de sus usuarios, atentando así contra la privacidad y convirtiéndose en vigilantes de la actividad de la red.
